INTRODUCCIÓN
Primero fue la presencia militar, luego la
ocupación militar y por último la aprobación y vigencia del Estado de Sitio
(medida de seguridad extrema que evidencia los altos niveles de
ingobernabilidad en el país) en el municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.
El uso o la interpretación inadecuada o mal intencionado de estos términos,
como lo han venido haciendo algunos medios de prensa tradicionales que más que
informar desinforman, corre el riesgo, cuando el análisis se reduce a las
subjetividades ideológicas, de crear confusión; pues se distorsiona y
descontextualiza la realidad de los hechos que están teniendo lugar en un
tiempo y espacio definido (área urbana y rural del municipio de Santa Cruz
Barillas). Un ejemplo que nos puede ayudar a comprender la complejidad y el
nivel de confusión que la noticia genera cuando no se difunde con
ecuanimidad y apegada a la realidad de los hechos, es lo publicado por Prensa
Libre con el encabezado: Presencia militar divide a la población de
Santa Cruz Barillas, vocablo eufemístico que minimiza la magnitud de
los hechos. Seguidamente reporta que una semana después de los disturbios en Santa Cruz
Barillas, Huehuetenango, que dejaron un muerto, tres heridos y soldados
golpeados, la población se encuentra dividida entre quienes apoyan la vigencia
del Estado de Sitio y la presencia del Ejército y quienes se oponen. Esto lejos de aclarar confunde más,
veamos: primero, el encabezado hace mención a la presencia militar como el
hecho que divide a la población. Se colige entonces que es la presencia militar
per se y no el Estado de Sitio como medida de hecho, luego
jurídica-administrativa de ocupación lo que está provocando la división entre
la población. Seguidamente Prensa Libre informa que la población se encuentra divida
entre quienes se oponen y los que apoyan la presencia militar y la vigencia del
Estado de Sitio. En qué quedamos entonces, ¿es la sola presencia militar
la que está generando la división o la presencia militar transformada en
ocupación? Sin el propósito de profundizar en el embrollo considero que es el
Estado de Sitio -constituido por obra y gracia del accionar de la
infraestructura jurídica, política e ideológica del Estado- el que legitima una
ocupación militar decretada en primera instancia por acción del Ejecutivo. La
aprobación por parte del Congreso corrupto fue asunto de puro trámite. Lo dicho
por los medios de comunicación nacionales es, pues, pura desinformación y
publicidad. En el siguiente ensayo el Profesor Luciano Castro clarifica algunos
aspectos que tienen que ver con este delicado tema. Marvin Najarro
¿PRESENCIA U OCUPACIÓN
MILITAR?
Por Luciano Castro Barillas
Para evitar abundancia de inexactitudes que
hagan de este breve ensayo un proverbial desaguisado ideológico y político, se
hacen necesarias dos definiciones del idioma español. De acuerdo al DRAE
(diccionario de la Real Academia de la Lengua Española) el vocablo ocupación proviene del latín occupare,
y quiere decir tomar posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar, de
un edificio, etc., invadiéndolo o instalándose en él. Presencia, dice el DRAE, es la asistencia o estado de una cosa
que se halla delante de otra u otras o en el mismo sitio que ellas. El
idioma español, pues, es el idioma legal del Estado de Guatemala y debemos en
estos casos -sin caer en los formalismos
extremos de la ley- permitir que nos
ilustre y oriente con rectitud y con justicia, dado que resulta fácil el sesgo
ideológico de la derecha o de la izquierda. Por ambos lados se mueven los
fundamentalismos y las subjetividades. Ahora bien, las palabras tienen también
un sentido indirecto, subtextual, que es válido también como mecanismo de
aproximación al flujo de la realidad.
Para intentar ser lo más ecuánime posible en la
labor periodística y que el lector de La Cuna del Sol tenga una participación
activa y consciente dando la debida lectura a los hechos que dicta la realidad
histórica guatemalteca, el esfuerzo en la interpretación e interiorización de
lo acontecido en Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango, Guatemala;
debe asumirse con la cabeza suficientemente fría y con el ánimo sereno. Tocar
este asunto es un riesgo con mentes enfervorizadas de posicionamientos. Pienso
que antes del motín del uno de mayo de 2012, se dio en efecto una típica
presencia militar del Ejército de Guatemala en una zona invariablemente
desprotegida de la fuerza pública y por donde se mueven malvivientes de toda
calaña: contrabandistas, tratantes de mujeres, traficantes de personas y narcotraficantes, además de ser una zona
con alta conflictividad comunitaria porque las consultas hechas con respecto a
la explotación minera e instalación de hidroeléctricas nunca se han respetado.
El estallido social de Santa Cruz Barillas era algo que se veía venir y que
encontró en la muerte de Andrés Francisco Miguel y los otros dos heridos el
motivo -no la causa- para dar rienda
suelta, desfogue y comprensible ira por el atropello atribuido a los guardias
de seguridad de la empresa minera y porque el gobierno respondió y se preocupó
más por la tunda dada a los soldados y no por el humilde campesino muerto y los
otros dos heridos de gravedad. El
rechazo comunitario nunca fue escuchado, siempre fue desatendido, sin embargo,
el gobierno está entre dos fuegos: el CACIF exigiendo que reprima y los
comunitarios y el movimiento social por no ceder ante las intimidaciones. Y situaciones como la de Santa Cruz Barillas
hay muchas en todo el territorio guatemalteco. No sé si realmente el presidente
Pérez Molina se haya percatado de que está sentado en un barril de pólvora
social, de alta simpatía química que en cualquier momento, a la menor fruición,
puede explotarle en la cara. Tendría -si
se sigue con esa dinámica de los Estados de Sitio y no precisamente inaugurados
por Pérez Molina sino por el socialdemócrata Alvaro Colom y contra quien las
fuerzas de izquierda se escandalizaron poco-
que implantarlo a nivel nacional, lo cual demostraría la inviabilidad y
el fracaso de sus propuestas de gobierno, porque muy joven aún en tiempo de
gobernar, la nave hace aguas por todos lados, cometiéndose en momentos de
crisis errores tan infantiles, tan elementales, como el de nombrar un nuevo
Ministro de Salud que no estaba solvente en el manejo del dinero público de
administraciones burocráticas anteriores y con varios juicios de cuentas
pendientes que dicen poco de su probidad, es decir, un personaje que tiene las manos imantadas para el dinero
del Estado. Las personas causantes
del zafarrancho, donde se destruyeron bienes particulares y se exacerbó el
desorden público por efectos de alcohol, son personas que están organizadas
comunitariamente desde hace varios años y no necesariamente -como se quiere hacer ver- sean ciudadanos simpatizantes de la izquierda
(aunque San Marcos y Huehuetenango son los departamentos con más de
organización de la Unidad Revolucionaria Guatemalteca, URNG). La mayoría son
personas tienen un vaso cohesionante cultural muy fuerte en el occidente el
país: su identidad cultural por la tierra, dada la fuerte presencia indígena en
el departamento. Tampoco es verdad que el 100% de la población rechacen el
destacamento o cuartel militar per se, porque hay muchas personas que no ven
mal la presencia de los uniformados, guste o no esta opinión. Ciertamente no
han sido vistos con amabilidad por muchas personas, pero tampoco eran
rechazados abiertamente. La gota que colmó el vaso fue la actualización del pasado, donde el Ejército desempeñó el triste
papel de represor y según lo declarado por muchas personas de las
comunidades, el Ejército no hizo nada
para rastrear o perseguir a los asesinos responsables de esos hechos de sangre.
Su displicencia fue interpretada como menosprecio por la condición social de
las víctimas: humildes campesinos cuya vida al parecer no tiene el mismo valor
que el de un oligarca. Con justa razón
los comunitarios identificaron al Ejército con su histórico papel de siempre:
ser los perros guardianes del capital, razón por la cual la emprendieron con
palos contra cuatro soldados y un oficial, es decir, en el rico refranero
chapín se cumplió el viejo dicho de que: “No
buscaron quien se las debía, si no a quien se las pagara”. Y podemos decir
que la presencia militar llegó hasta allí en tiempo y espacio. Luego de la
implantación del Estado de Sitio lo que hay es en realidad una ocupación militar, pues se han
posesionado del municipio, lo han ocupado; hay restricciones de muchas
garantías individuales otorgadas por la Constitución Política de Guatemala,
como la libertad de expresión, locomoción y reunión. Toda una vida comunitaria
ancestral y contemporánea convertida de un plumazo o lapicerazo -por un Decreto
Legislativo de diputados ruines y corruptos- en una zona de guerra restringida,
controlada militarmente en aras de la paz y la tranquilidad social. ¿Se podrá
estar tranquilo cuando temes que en cualquier momento te pueden ir a prender
por la noche sin autorización judicial? La presencia militar se hace necesaria
en cualquier país donde reine el crimen y el desorden, pero en Guatemala decir
esto resulta demasiado volátil e irritable dado el pasado de sus fuerzas
armadas. Guatemala con su déficit fiscal, tampoco debe seguir creando más
plazas de policías y endeudándose externamente y se tiene que echar mano con lo
que se tiene que son los soldados. Estamos al tope, en tanto los ricos de este
país no paguen lo que tienen que pagar. Pero también involucrar al Ejército en
tareas ciudadanas reporta suspicacia pública. Los militares hicieron esto en el
pasado: coparon las instituciones del Estado y erigieron tiempo después una de
las dictaduras más oprobiosas y sanguinarias de América Latina en el siglo XX.
De allí el rechazo y la suspicacia hacia el Ejército, con aquello de que “a San Juan que lo llevan y a él que le
gusta”.
La diferencia, pues, entre ocupación militar y
presencia militar las determina el contexto histórico y político en que se
aplican. Da pues, este tema, para más amplios debates y mejores opiniones, pero
por el momento de la presencia militar pasamos a la ocupación militar. Eso creo
yo.
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