A falta de una política delineada o
específica en términos oficiales de Estados Unidos respecto a Venezuela, este
documento pareciera aproximarse, más que cualquier otra cosa, a eso: un
documento oficial sobre los posibles pasos realmente concebidos y existentes de
Washington respecto a Venezuela.
UN THINK TANK REARMA
LA "HOJA DE RUTA" DE
EEUU CONTRA VENEZUELA
Las jornadas de protestas docentes estas
semanas se dan en un clima donde, a la par de la presión inflacionaria de
inicios de este 2023, parecieran empalmar con un tipo de movilización que ha
venido paulatinamente expresándose, a nivel nacional, con gremios y otros
actores "visibles" de la "sociedad civil", teniendo como
trasfondo los avances y tensionamientos alrededor del proceso de diálogo
gobierno-oposición en México.
En medio de esto, el colapso definitivo del
"proyecto Guaidó", el ajuste de cuentas de Voluntad Popular con el G3
y la pérdida de iniciativa de las oposiciones en general, parecen obligar a una
corrección del enfoque sobre Venezuela. En esta oportunidad, el intento de
enmienda no proviene de los círculos de toma de decisión tradicionales de la Casa
Blanca o del Departamento de Estado, sino de aparatos intelectuales bien
engranados a los pasillos de poder de Washington como el influyente Wilson
Center.
¿CRISTALIZACIÓN OFICIAL DE LA ESTRATEGIA?
El Centro Internacional para Académicos
Woodrow Wilson, habitualmente referido como Wilson Center, publicó en diciembre
de 2022 su informe "Venezuela en 2023 y más allá: trazando un rumbo distinto".
Producto realizado por el Grupo de Trabajo
para Venezuela dentro del Programa para Latinoamérica, el informe lo firma el
académico estadounidense Are Loewenthal como resultado, según afirma, de
"discusiones virtuales en grupo, entrevistas al grupo en su conjunto o
miembros individuales llevadas a cabo con actores y expertos venezolanos, un
número de papers anteriores, y el intercambio extensivo de
perspectivas entre nosotros" (pp.3-4), refiriéndose a la lista de nombres
que acompañan al documento.
Co-firmado por 19 signatarios (incluyendo su
autor), el informe consta de 28 páginas y 17 apartados donde se esboza lo que,
en sentido estricto, es la visión del think tank radicado en
Washington D.C. sobre el establecimiento de una estrategia y ruta de acciones a
seguir para la resolución del "conflicto venezolano".
El Wilson Center es financiado por el
Congreso estadounidense y es miembro integral del complejo del sistema educativo y red
de centros de estudios del gobierno, cuyo nombre honra al expresidente
norteamericano Woodrow Wilson.
Este think-tank también
recibe un profuso financiamiento de las corporaciones del Fortune 500. Su
lista de donantes está constituida por individualidades (la madrina de la
doctrina del R2P, Anne Marie Slaughter), instituciones del Poder Ejecutivo (el
Departamento de Estado), embajadas (como la de Qatar), hasta imperios
empresariales de la talla de Amazon, Chevron, PepsiCo, Northop Grumman,
ExxonMobil o JP Morgan Chase, según su registro de patrocinantes de 2021.
El dato en sí ya nos dice de forma
contundente cuál es el esquema de intereses alrededor de la presunta "resolución"
del "conflicto venezolano". Pero algo pudiera otorgarle aún más valor
político y peso operativo a la entidad. A falta de una política delineada o
específica en términos oficiales de Estados Unidos respecto a Venezuela, este
documento pareciera aproximarse, más que cualquier otra cosa, a eso: un
documento oficial sobre los posibles pasos realmente concebidos y existentes de
Washington respecto a Venezuela.
Otro elemento a destacar, que establece otro
significante en relación al lenguaje alrededor del informe en sí y lo
que dice propiamente, es el tipo de autor principal. Abraham
Loewenthal es un animal político-académico profundamente engranado en el
sistema think tank-establishment académico y político-corporaciones.
Su profusa hoja de vida incluye prácticamente
todas las universidades de "peso" dentro del sistema (Harvard,
Oxford, Brown, Princeton), así como de la red de centros de estudios y think
tanks (CFR, Brookings Institution, Inter-American Dialogue). Es,
también, miembro del Consejo de Investigación del Foro Internacional de
Estudios Democráticos del National Endowment for Democracy, la NED. Se
especializa, entre otros campos, en globalización, gobernabilidad, América
Latina y, con particular énfasis, en transiciones de
gobiernos autoritarios hacia la democracia.
De este modo, como hablante principal (mas
no el único), el lenguaje político y su sistema de señales queda claramente
establecido. Y, de forma indirecta, el documento puede alcanzar un rango de
oficialidad que difícilmente lo harían otros papeles de trabajo.
- Dato
extra: Antony Blinken también es miembro del Wilson Center.
EL CONTENIDO
La premisa esencial del trabajo radica en que
no existe otra vía para salir del "callejón sin salida" de la
cuestión venezolana que no sea a través de un proceso de negociación, uno
mediante el que se labren acuerdos que toquen "los intereses tanto del
gobierno venezolano como de la oposición democrática" (p.4), advirtiendo
que no se trata de fórmulas mágicas que resolverán los "resentimientos
profundos entre venezolanos" o que garanticen una recuperación económica
inmediata (p.5).
Por otro lado, el papel de trabajo señala que
el nuevo objetivo de la oposición ya no es buscar el cambio de régimen
acelerado sino que, tutelado por Estados Unidos, se presenta como una oposición
que busca atender y resolver las "emergencias humanitarias", los derechos
humanos, "la reconstrucción de la economía" y, en especial, un
aspirado marco de gobernabilidad y consenso rumbo a unas elecciones
(presidenciales, regionales y municipales, en 2024 y 2025) que sean
"justas" y "monitoreadas internacionalmente", tal como
afirma el documento del Wilson. El think tank se refiere como
"la oposición" exclusivamente a la Plataforma Unitaria.
En esa medida, Loewenthal et al aseguran
que cualquier escalada de "medidas coercitivas" no solo no se
justifican, sino que "endurecerían las hostilidades" (p. 11).
Igualmente, desde Estados Unidos, apuntan la necesidad de crear un apoyo
bipartidista que definitivamente se aleje de la máxima presión para, en cambio,
"alentar negociaciones, construir coexistencia, proteger los derechos
humanos, facilitar una gobernabilidad democrática efectiva y promover la
recuperación económica" (p.15).
Ya en este punto, si le agregamos además la
implosión definitiva de la "estrategia Guaidó", Estados Unidos parece
oficializar, en materia de formas, el final de la lógica operativa que signó
los años de confrontación directa de la administración Trump.
Se puede afirmar que es un reconocimiento
indirecto de una sucesión de fracasos que obligan al reconocimiento del
Gobierno Bolivariano, y al presidente Nicolás Maduro, como actores innegables e
imposibles de esquivar. Sin embargo, hasta aquí pudieran identificarse las
premisas más o menos amistosas o de "humanización" del adversario.
Pero a pesar de los atenuantes, se puede detectar que el campo semántico de la
lógica del cambio de régimen permanece.
Se ve, con toda claridad, en dos elementos:
el primero es la caracterización de "la crisis" y del gobierno, y en
segundo por el objetivo final de las negociaciones.
En el primer elemento, se trata de un marasmo
cuyos únicos supuestos responsables han sido los gobiernos chavistas, donde es
urgente el papel de una "robusta sociedad civil" que participe del
proceso a distintos niveles y la supervisión de la "comunidad
internacional" para poder "reinstitucionalizar" (p.6) el desorden
de un gobierno y un grupo de poder "atrincherado" (p.11), que todavía
al día de hoy, según el informe, cierra medios, comete delitos ambientales,
viola derechos humanos, etc.
En el segundo, el papel de trabajo no logra
disimular del todo que el objetivo fundamental es una "transición
política" (p.5) con una "transferencia de poder" (p.2), y la
"reconstrucción" (p.14) política y nacional, luego en la búsqueda de
la superación de un "período traumático que le ha hecho mucho daño a
Venezuela, desestabilizado la región y dañado a millones de compatriotas"
(p.20), de acuerdo a los cánones habituales del catecismo liberal, codificado
en el marco ideológico del Partido Demócrata.
Así, en lo primero, el informe no solo
recomienda, sino que ve conveniente que mientras continúe el proceso de diálogo
y negociación, las "sanciones" no le sean levantadas a los
principales actores políticos del chavismo y que, en caso de no avanzar, puedan
rápidamente "reinstituirse" (snap back) a la hora de cualquier
intransigencia, no sin antes recomendar mediante los actores internacionales en
torno al diálogo un relajamiento aparente como "incentivo".
En ambos casos, ya en este punto, se puede
afirmar que el informe abandona lo que pudiera tener de "novedoso"
para reproducir los lugares comunes habituales, toda vez que lo aparentemente
estratégico vuelve a ser sencillamente una serie de recursos tácticos de
presión abierta.
Cualquier persona más o menos familiarizada
con los métodos de resolución de conflicto entiende que una premisa esencial es
que nadie "gane", y decididamente, este no es el caso: al menos como
aspiración tiene un claro deseo de que una de las partes sea victoriosa.
Es, entonces, una discusión de método y
formato, y no un cambio de paradigma en las relaciones.
Por debajo de las aparentes preocupaciones
humanitarias y bienestar societario, opera el objetivo político central, el
cambio de régimen, empleando de forma manifiesta su palanca central: las
elecciones. Para ello, será necesario contrapuntear parte del contenido con
otros elementos visibles y verbalizados desde otras instancias.
LA "HOJA DE RUTA" SIN ENVOLTORIO
CONCILIADOR
El cambio de aproximación y de forma en la
relación Estados Unidos-Venezuela y, dentro de eso los elementos de forma que
efectivamente se han modificado, pudiera decirse que en cierta medida antecede
al informe del Wilson Center, que por más elocuente, descriptivo e
intelectualmente acabado que puede ser, tampoco se puede asumir como el alfa y
omega del "plan" de la oposición tutelada.
La noción de las elecciones, en primer lugar,
las presidenciales de 2024 y, al menos en principio, las regionales de 2025
como el punto de inflexión y la ventana overton para, ahora sí, alcanzar
el cambio de régimen puede verse también en otros lugares de enunciación en materia de opinión y también en políticas de
instituciones del sistema estadounidense con mayor continuidad o no sujetas a
las contingencias, que pudieran incidir en momentos en la rama ejecutiva.
El 15 de septiembre de 2022, Marcela
Escobari, Administradora Adjunta para América Latina y el Caribe de la
USAID, ofreció testimonio al Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano
sobre el "caso" venezolano.
Luego de establecer el mismo cuadro habitual
sobre la "crisis venezolana" donde destaca sin sorpresa la migración,
el "autoritarismo", la poca libertad de prensa, la corrupción, la
ineptitud y la represión, la funcionaria cierra con la forma en que la USAID
apostará a la "transición democrática" en Venezuela.
Vale decir que el retrato (y las fuentes)
tanto de Escobari como del informe del Wilson son en esencia lo mismo, con
igual piso de datos para establecer el discurso y justificar las acciones a
tomar. Sin embargo, no es lo único en que coinciden, más allá de que el estilo
destemplado y apocalíptico de Escobari marca considerable distancia con el de
Loewenthal en el documento hasta aquí reseñado.
En tal sentido, Escobari afirma que son tres
áreas desde donde la USAID busca operar hacia la "transición
democrática" en Venezuela, teniendo también como centro a las propias
jornadas electorales de 2024 y 2025. Siguiendo el mismo y exacto camino, donde
el mejoramiento de las condiciones electorales es un principio regidor, la
USAID deja claro, primero, que apoyará a la oposición.
Según Escobari, las elecciones "subnacionales"
(sic), es decir, las regionales de 2021, demostraron que según esa lógica es
posible valerse del recurso del voto a pesar de no ser libres, según ella, para
demostrar que sí se pueden alcanzar objetivos por la vía electoral.
Graciosamente también afirma que la oposición
se granjeó una victoria abrumadora con las elecciones de enero de 2022 en
Barinas, pero eso es apenas un ornamento.
Lo que sí importa de su afirmación es
certificar que para Estados Unidos y la administración Biden, la doble derrota
electoral en Barinas es la demostración definitiva y palmaria del modelo a
seguir. Esto, en materia de opinión, ha sido más o menos una constante que se
puede encontrar, por ejemplo, en el plano de la opinión desde los medios del
corretaje estadounidense.
Este es el punto central, que debe
complementarse con los otro dos que también establece puentes con el documento
del Wilson. El apoyo a "medios independientes" y a la "sociedad
civil democrática" como la vía para mantener marcado y denunciado al gobierno,
y, en esa misma dirección, lo mismo con los "defensores de derechos
humanos que documentan la represión".
El Wilson Center, por su lado, recomienda,
variando un poco el enfoque, la importancia de que en principio el gobierno y
la Plataforma Unitaria "diseñen y acuerden sobre los procesos que
documenten violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la supresión de las
libertades democráticas y la grotesca corrupción", algo que, según
recomiendan, debería hacerse en consultas "con activistas y defensores de
derechos humanos tanto venezolanos como internacionales", así como las
víctimas, sentando el piso para una presunta justicia reparatoria (p.17).
Para la USAID, que desde 2018, el año en que
se abrieron las compuertas a través de la ONU a distintas modalidades de
"ayuda humanitaria" como mecanismo en primer lugar de descompresión
política, para septiembre de 2022 había anunciado el haber destinado 367 millones de dólares en "asistencia
humanitaria adicional". En el mismo sentido, la NED declara, según su última rendición de cuentas (2021, en febrero publicarán la de
2022) haber destinado públicamente bajo sus estándares la abultada cifra de 4
mil 324 millones 293 dólares, toda vez que es un incremento de aproximadamente
un millón de dólares respecto al año anterior.
Lo que pudiera establecer la interrogante de
hasta dónde, en realidad, estos presuntos dividendos efectivamente están siendo
destinados a asistir a personas en la precariedad extrema, en la inopia o la
desesperación (que mucho tiene que ver con el también muy reconocido cuadro de
depresión económica producto de las "sanciones") y cuánto, en
realidad, se está destinando para el "robustecimiento" de esa
"sociedad civil democrática", "defensores de derechos
humanos" o "medios independientes".
Y aquí llegamos, en este momento de análisis
comparado, a lo que quizás sea una de las premisas esenciales del documento del
Wilson, que pasamos a citar in extenso:
"Parte de este esfuerzo [de construir
condiciones para negociar y enrumbarse a la 'transición'] debería ser en
diplomacia pública: no el abrir conversaciones confidenciales al ojo público,
pero de proveer informes periódicos que construyan confianza en los negociadores
[de la Plataforma Unitaria y el Gobierno Bolivariano] y su trabajo. La
oposición democrática no debería perder de vista la probable utilidad de
organizar manifestaciones de calle, no para derrocar al gobierno, sino para
aumentar el apalancamiento de la oposición. Combinando presión y concesiones,
en distintas maneras en momentos diferentes, a veces es una estrategia valiosa
para las negociaciones" (p.19).
Esta afirmación, naturalmente, nos obliga a
contrastar los eventos más o menos por acumulación que se vienen manifestando
desde los gremios y otras instancias de organización por sector de la sociedad
venezolana en los últimos días, ofreciendo una profundidad de campo a dichos
movimientos y acciones.
Acciones que, sí, tienen como base elementos
concretos y tangibles de la realidad, como el valor del salario y por
consiguiente las dificultades económicas, en un marco internacional donde se
han anunciado muchos posibles pasos en materia de avances desde el diálogo,
entre ellos la liberación de una cifra importante de fondos secuestrados que
deberían destinarse, de forma coordinada, para aliviar dificultades en materia
de educación, salud e infraestructura de servicios.
Ya en este punto se puede establecer la
conclusión preliminar que no es la situación humanitaria lo que moviliza todo
esto, sino los cálculos políticos en función de una lógica táctica de smart
power que combine concesiones reales con mecanismos de presión en el
marco del contexto pre-electoral, en un momento en que las instancias
partidistas convencionales se encuentran francamente en crisis y
reorganización, incapacitados de construir directamente una agenda y un clima
político.
La creación de un clima político no-orgánico
demanda un tiempo de maduración, y la dispersión por rencillas internas y demás
factores de implosión de la actualidad no pareciera facilitarle la unidad de
mando, la construcción de acuerdos o la armonización en la ejecución de una agenda
específica, como se pudo labrar, por ejemplo, a lo largo de 2016 con la primera
mitad de 2017 con un clímax que alcanzó lo insurreccional.
Los propios análisis de situación de algunas
firmas de oposición admiten en términos más amplios un clima general de
desmovilización, algo que según afirma por ejemplo el politólogo Ricardo Sucre
Heredia, permea a todo el escenario nacional, así se exprese de maneras
distintas y el chavismo demuestre otros elementos más movilizados o
movilizadores.
Se sustenta Sucre Heredia en los últimos
estudios de opinión de Delphos y Datanálisis realizados a finales del año
pasado. Con todos los sesgos a considerar en esta clase de estudios, sin
embargo, admite pasajes como estos, tomado de su último informe del 16 de enero:
"Otro resultado es que bajó la
disposición a protestar contra el gobierno y por los servicios públicos. En el
primero, de 41% a 21% entre julio y noviembre de 2022, y en la segunda, pasó de
55% a 37% respectivamente que explicaría porqué salieron de las noticias las
protestas por los servicios. Ya no suenan mucho. En general, la gente no quiere
salir a protestar".
A la luz de esta muestra, tanto del análisis
como de lo presentado en él a partir del estudio de Delphos, se puede ir
planteando la pregunta de dónde se encuentran entonces los motores de
calentamiento de la calle en los últimos días.
Desde mediados del año pasado, con las
reacciones y protestas del "instructivo de la Onapre", se ha
evidenciado una gremialización de los conflictos. Estructuras que en su mayoría
han sido históricamente controladas por partidos o elementos de la oposición,
hoy, al menos en teoría, al margen de las estructuras partidistas de la
dispersa oposición.
El año 2014 inició con un escenario que en
ese aspecto en particular resuena: los partidos, en líneas generales, en franca
retirada luego de la derrota electoral de las municipales de finales de 2013,
pero que por la baranda actores antipolíticos harto conocidos, junto a
estructuras preparadas y entrenadas para la ocasión, como el "movimiento
estudiantil", lograron instaurar la reconocida agenda de violencia y
conflicto.
Independientemente de que el propio discurso alrededor
del "qué hacer" opositor y de Estados Unidos en este momento en
líneas generales se enfoca en las negociaciones de cara a la cita electoral,
las manifestaciones gremiales (hoy en día docentes), al menos en principio y en
su núcleo organizativo, parecen tener un grado de organización y método que
rebasa el cuadro de acciones espontáneas.
En algunas regiones del país, donde
parecieran tener mayor efecto movilizador, estos programas de acción fueron
programados para acciones durante toda la semana, en varios municipios, con
distintos grados de intensidad y alcance, y en la búsqueda de la constitución
de comités de conflictos, en esta oportunidad "en todas las instituciones
educativas", buscando acumular fuerzas y canalizar de malestar con perspectivas
de base más amplia.
En estos tres niveles estudiados, el
del think tank, el del organismo estatal estadounidense y el que se
refleja de forma incipiente y aún algo disgregada en la calle, parecieran ir
esbozando entre el piso doctrinario y la acción directa, el piso político o
bien para ir engranando mecanismos de presión, o bien, quizás, con objetivos y
fines no manifiestos, pero tampoco descartados en materia de conflictividad,
todos, los tres analizados, con el fin "superior" del cambio de gobierno
y de forma más ampliada, de régimen histórico y sociopolítico.
"Ninguna ruta está exenta de riesgos
dentro de circunstancias tan conflictivas. Aún así los riesgos de explorar por
completo un camino hacia la gobernabilidad democrática, la coexistencia
respetuosa y la recuperación económica de Venezuela deberían tomarlas todos los
actores relevantes, tras tantos años de polarización, represión y privaciones.
El momento para un esfuerzo total para la negociación de soluciones a las
múltiples crisis de Venezuela es ahora. Ese es nuestro mensaje central"
(p.23), remata el documento del Wilson Center.
Publicado por La Cuna del Sol
