Es curioso que a pesar de la
“inoperancia” atribuida a la UNASUR, éste sea el organismo que se ocupa de
defender la soberanía y las democracias de América Latina, a la vez que plantea
la necesidad de general un Banco regional para disminuir la histórica
dependencia con respecto a las Instituciones Financieras Internacionales.
Este escenario es un desafío
para el imperialismo estadounidense, que logró importante influencia en
términos económicos y geopolíticos con los TLCs que no han sido suficientes
frente al proceso de integración en marcha en América Latina. La Alianza del
Pacífico es la apuesta del país del Norte para adquirir mayores herramientas,
influencia y control sobre la región, buscando resucitar las cenizas del ALCA
como legado fundamental del neoliberalismo.
LA ALIANZA DEL PACÍFICO:
“EFICIENCIA” VS.
“POLITIZACIÓN” DE LA INTEGRACIÓN
Pr Silvina M. Romano (Universidad Nacional Autónoma de México)
El retorno al regionalismo
abierto
En pleno auge del neoliberalismo en América Latina (década de los ’90), la
CEPAL planteó que la clave de la integración para que las economías de América
Latina se insertaran de la “mejor manera posible” en el mercado internacional
eran el “regionalismo abierto” y la “transformación productiva con equidad”.
El primero implicaba la cooperación a nivel regional a través de la
disminución de barreras al comercio y a la inversión, sin descartar acuerdos
con terceros (Fuentes, 1994). El segundo suponía que debían ajustarse y
estabilizarse las economías, incorporarlas a un cambio tecnológico mundial
intensificado, modernizar los sectores públicos, elevar el ahorro, mejorar la
distribución del ingreso, buscar una nueva dinámica entre el sector privado y
el Estado donde se limitaran las actividades de éste, simplificando y
descentralizando sus inversiones (CEPAL, 1990).
La Alianza para el Pacífico plantea, precisamente, un retorno a los
preceptos del regionalismo abierto. Fue lanzada en Lima, el 28 de abril de
2011, como un acuerdo de integración comercial entre México, Perú, Chile y
Colombia, para promover las relaciones con otras regiones, en particular la del
Asia-Pacífico. El eje de la “integración” es la reducción de aranceles entre
las economías del bloque, facilitar el flujo de capitales y el de personas de
negocios (Cumbre de Lima, abril 2011).
Se plantea que el objetivo es lograr una integración “abierta y no
excluyente” y sin embargo se le da un lugar privilegiado a la fuerza de trabajo
calificada, en particular a los “hombres de negocio”. En la Segunda Cumbre de
la Alianza se convino “Establecer y operar en un plazo de 3 meses una visa de
la Alianza del Pacífico para facilitar el tránsito de personas de negocios”
(Declaración de Mérida, 2011). Esto da la pauta de que se trata de un acuerdo
de empresarios para empresarios, “un espacio de cooperación efectivo y
moderno”. En efecto, el sector privado ha definido las principales metas de la
Alianza, diferenciándola de otros acuerdos como la UNASUR o el ALBA que se
orientan por premisas político-sociales, y por lo tanto, percibidas desde el
neoliberalismo como menos eficientes y plagadas de los “vicios de la
burocracia” que caracteriza a la presencia del Estado y otros sectores de la
sociedad diferentes al empresarial: “La sensación es que la Alianza del
Pacífico es un acuerdo de negocios práctico, a diferencia de la retórica
recargada de los acuerdos latinoamericanos. Bajo el ala de gobiernos de
izquierda que ahora están en la mayor parte de la región, ha habido numerosas
pláticas sobre la integración regional, pero muy poca práctica (The Economist,
2013). La Alianza, desde esta visión, evitaría la “inoperancia” estatal (tantas
veces criticada durante los ’90) y la participación de otros sectores y grupos
(movimientos sociales, campesinos, indígenas, sindicatos, etc.) que no saben de
“negocios” y que tienden a “politizar” los procesos de integración.
Alimentar las asimetrías
Hay varios rubros comerciales que se destacan en las declaraciones de las
sucesivas Cumbres: la inversión en infraestructura, la reducción arancelaria y
garantía de circulación de productos electrónicos, farmacéuticos y cosméticos.
Es probable que esos bienes sean más bien los producidos en Estados Unidos, o
por empresas multinacionales instaladas en países miembro de la Alianza.
Por eso hay que atender, por un lado, la composición y magnitud de las
exportaciones e importaciones; por otro lado, la presencia del capital
multinacional. Esto, considerando la asimetría inicial entre economías como la
de Perú, Chile y México con la de EEUU (aún cuando esta última esté en crisis,
se trata de una economía centrada en el complejo militar industrial y de
desarrollo de tecnología de punta).
Con respecto a la composición de los bienes comerciados, América del Sur
exporta productos básicos, mientras que se ha incrementado la venta de
productos manufacturados provenientes de México y América Central (CEPAL, 2011:
5). Esto último debe ser tomado con cautela, porque debe considerarse el origen
de los capitales invertidos en manufactura, y el modo en que dicho capital
opera en estos países (por ejemplo, como maquila y plataformas de exportación).
En términos globales, las exportaciones de América Latina se expandieron,
en particular las dirigidas a la Unión Europea y a EEUU; así, pese a que la
región continúa manteniendo una posición deficitaria en su comercio bilateral
con Asia, la relación con los otros dos espacios compensó el déficit en el
primer trimestre de 2011 (Ibid: 4). Según el análisis del Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe, “América Latina y el Caribe ha contribuido de una
manera más notable y permanente a la recuperación en las exportaciones de EE.UU
que cualquier otra región” (SELA, 2012: 12).
En los últimos años, EEUU ha invertido mucho en países con los que no ha
firmado TLCs. Para el 2010, la IED de este país en Brasil fue de 66 mil
millones, en Venezuela de 13 mil millones, mientras que en Chile fue de 26.3
mil millones de dólares (Ibid: 22). Lo mismo se repite en términos comerciales:
en el 2011, EEUU importó mercancías a México por 262.671 millones de dólares; a
Brasil por 30.367 millones de dólares; a Chile por 10.111 millones de dólares;
a Colombia por 22.390 millones y a Venezuela por 38.922 millones (Ibid: 18). Es
decir, considerando el comercio y las inversiones, los principales clientes/proveedores
de EEUU no son sólo aquellos con los que firmó TLCs.
Entonces, ¿por qué la necesidad de EEUU de integrarse con países que no son
sus únicos o más importantes clientes/proveedores, como los miembros de la
Alianza Pacífico? Y aquí cobra visibilidad el vínculo entre lo político, lo
militar y lo económico, donde la Alianza se presenta como una extensión del
TLCAN y la consolidación de los espacios tomados con el Plan Colombia y la
Iniciativa Mérida, aparece como un mini-ALCA; pues a pesar de la cara visible
de acuerdo comercial neutral y asentado en la eficiencia de lo “técnico”, no
existe economía sin política, tal como planteaba Ernesto Che Guevara (1961), y
agregamos, todo lineamiento político-económico implica una postura/interés
geopolítico.
LA Alianza del Pacífico como
expansión del TLCAN o mini-ALCA
Lo sugerido ya se decía sobre el ALCA, que se promovía como un simple
acuerdo de libre comercio, a la vez que no podía dejar de observarse el avance
que implicaba en cuestiones militares, políticas y ambientales. Se planteaba
que la misma definición del ALCA como acuerdo económico implicaba beneficios
solamente para el país del Norte: “es un error pensar que sus empresas
[norteamericanas] van a venir a invertir. Sin aranceles no hace falta pelear
por los mercados desde dentro. No habrá inversiones y habrá menos trabajo”
(Moniz Bandeira: 2002). El ALCA no se concretó, pero sus premisas sí se
plasmaron en el TLCAN. Bush (padre) declaraba: “un TLC de Norteamérica
amarraría el proceso de liberalización comercial en México y aseguraría mayor
acceso para las exportaciones de Estados Unidos en el futuro… Un TLC aseguraría
el acceso seguro de Estados Unidos al mercado mexicano, previendo futuros
movimientos hacia políticas proteccionistas” (Saxe Fernandez, 2001: 186). Esta
fue la puerta de entrada para la Iniciativa Mérida que habilitó la intervención
de EEUU en seguridad/militarización y reorganización (subordinación) jurídica.
Tales estrategias han sido aplicadas en el TLC con Colombia, que fue firmado
a pesar de la oposición en el Congreso (¡estadounidense!) para evitar que el
gobierno de Obama fuera cómplice de los múltiples abusos a los Derechos Humanos
en dicho país (en particular asesinato de líderes políticos y sociales), por
cierto perpetrados en el marco de la puesta en práctica del Plan Colombia. La
asimetría es clara, pues la mayor reducción de aranceles es la que hace
Colombia de 13% a 0, mientras que la rebaja de Estados Unidos es de 3% a 0, lo
que se refleja especialmente en el sector agropecuario donde Colombia aplica la
baja arancelaria mientras que Estados Unidos mantiene los subsidios (Romano y
Delgado, 2012).
Lo mismo se está perfilando con la Alianza del Pacífico. Según la
Asociación de Caficultores de Colombia, que es una organización del mismo
gobierno, la liberación del 2.75% significará la pérdida de más de 1.250.000
empleos agropecuarios y de 16.92 billones de pesos del PIB en un escenario en
que la producción ha caído, en el que Colombia sólo se está sometiendo a las
imposiciones de EEUU (Anthoc, 2013).
La geopolítica
No debemos olvidar la importante presencia militar de EEUU en el
continente: Plan Colombia, Iniciativa Regional Andina, Iniciativa Mérida,
Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI). A esto se suma
la IV Flota, el Comando Sur que opera desde Honduras y los múltiples programas
de entrenamiento de fuerzas armadas en América Latina, en particular a tropas
de operación especiales (Borón, 2012; Delgado y Romano, 2011).
Esto en un contexto en que EEUU sigue siendo uno de los principales
proveedores de armamentos. Desde 1996 hasta 2012, las ventas de armamentos
alcanzaron los siguientes montos: México 4.755 millones de dólares, Colombia
3.264 millones, Chile 1.742 millones y Perú 787 millones de dólares. A lo
anterior se añaden los policías y militares entrenados por EEUU desde 1999
hasta la actualidad: 82.806 en Colombia, 16.242 en México; 9875 en Perú y 6286
en Chile (Just the Facts, 2013).
En este marco, grupos claramente opuestos al gobierno de turno en
Venezuela, han firmado contrato en San Antonio (Texas) para comprar 18 aviones
de guerra, que serían colocados en una base militar de Estados Unidos en
Colombia (Correo del Orinoco, 9 junio 2013).
Y es que la “guerra contra el narco-terrorismo” ha logrado recrear al
enemigo interno (otrora, “comunismo”) para legitimar prácticas
intervencionistas de todo tipo, incluso aquellas centradas en la “asistencia
técnica para el desarrollo”, usualmente coordinadas por la Agencia
Internacional para el Desarrollo de EEUU (USAID). El proceso de revolución
bolivariana en Venezuela, el gobierno de Morales en Bolivia e incluso el de
Correa en Ecuador, han sido acusados de cómplices de este nuevo enemigo (el
Crimen Organizado) por no plegarse a las directivas político-militares del país
del Norte. Tales lineamientos de seguridad se conjugan con la promoción de la
democracia liberal/libre mercado, como el modelo ideal que choca con la
experiencia de las democracias que plantean lineamientos políticos que han
logrado niveles de participación y representatividad para las mayorías
históricamente postergadas y que han sido estigmatizadas como “populistas”
(ver: Romano y Tirado, en prensa).
Pero tales experiencias no son meramente locales. La UNASUR y la reciente
creación de la CELAC dan cuenta de una voluntad política para recuperar el
espacio/tiempo perdido en materia de soberanía e integración política y en
términos de seguridad. Así, como enunciamos más arriba, se suele hacer
referencia a los ineficientes mecanismos de integración latinoamericanos, al
solapamiento de funciones y la excesiva burocracia. Poco se resalta que estos
organismos eran algo impensado, al menos desde la década de 1970. Es curioso
que a pesar de la “inoperancia” atribuida a la UNASUR, éste sea el organismo
que se ocupa de defender la soberanía y las democracias de América Latina, a la
vez que plantea la necesidad de general un Banco regional para disminuir la
histórica dependencia con respecto a las Instituciones Financieras
Internacionales.
Este escenario es un desafío para el imperialismo estadounidense, que logró
importante influencia en términos económicos y geopolíticos con los TLCs que no
han sido suficientes frente al proceso de integración en marcha en América
Latina. La Alianza del Pacífico es la apuesta del país del Norte para adquirir
mayores herramientas, influencia y control sobre la región, buscando resucitar
las cenizas del ALCA como legado fundamental del neoliberalismo.
Publicado por LaQnadlol
CT., USA.
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