INTRODUCCIÓN
MEDICAMENTOS
EXPLOSIVOS
Por Haroldo Shetemul
La dimisión de Francisco Arredondo como
Ministro de Salud Pública representa el primer golpe a la credibilidad del
presidente Otto Pérez Molina en cuanto a su supuesta lucha contra la
corrupción. Aunque el ahora exfuncionario afirmó que se iba por problemas de
enfermedad, se sabe que goza de buena salud y que su retiro tiene que ver con
las repercusiones que veía venir por las compras turbias de medicamentos hechas
a sus espaldas y por las cuales tendría que dar la cara. El negocio fraudulento
de las medicinas amenaza con traer abajo la imagen de transparencia y cambio
que había ofrecido el Partido Patriota.
Después de que se defina cómo quedará la
interpelación contra el Ministro de Finanzas Pável Centeno, la cual fue
abortada en forma ilegal por los patriotistas, el siguiente en la lista sería
Arredondo, quien hubiera tenido que explicar en el Congreso cómo ocurrió un
negocio del cual aparentemente estuvo desligado. Los tres aspectos básicos de
este entuerto son por qué se dijo que para evitar el desabastecimiento se
compró medicina en forma directa, si en realidad nunca hubo tal carencia. Por
qué se adquirió a los oferentes que daban los productos más caros, lo cual
significó un sobrecosto de 447 millones de quetzales. Por qué la empresa
farmacéutica J.I. Cohen fue el oferente único, por 193 millones de quetzales en
el paquete número 1 del 2011 de la lista de productos del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS.
En el primer caso, nunca ha habido desabastecimiento
en el IGSS porque los productos que no fueron adjudicados en los concursos del
2005 y 2008 se compraron en forma directa. Además, están vigentes las prórrogas
del contrato abierto del 2005 hasta julio de 2012 y el del 2008 hasta diciembre
de este año. Entonces este gobierno no dijo la verdad cuando argumentó que iba
a comprar medicinas para evitar que el IGSS quedara desabastecido. Además, el
concurso estuvo viciado porque las bases pedían requisitos que solo un oferente
podía cumplir, se negó el ingreso de muestras de otros oferentes y se
descalificaron productos genéricos para favorecer a transnacionales.
Según datos de
Guatecompras, J.I. Cohen se embolsó 823 millones de quetzales que representó el
43% de las compras del 2011, que incluía las prórrogas del 2005 y del 2008.
Solo con esta empresa el Estado derrochó 207 millones de quetzales de
sobreprecio. Al laboratorio Lanquetin le tocaron 189 millones de quetzales, que
representó 117 millones de quetzales sobreprecio. La farmacéutica Agefinsa se
llevó 167 millones, que significó 55 millones de quetzales de sobreprecio.
Con qué argumentos alguien podría justificar
estas compras que son lesivas para el Estado sin tener que decir que Pérez
Molina las autorizó porque beneficiaban a los financistas de su campaña
electoral. El mejor consejo que se le puede dar al presidente es que nombre a
Roberto Alejos, directivo de J. I. Cohen, como Ministro de Salud, ya que él si
tendría argumentos para decir por qué se benefició a su empresa en tales
negocios. Dicho diputado también tendría respuestas de por qué el presidente
Pérez vive en una casa propiedad de la familia Alejos y por qué tiene como
asesor en el Congreso a Rolando del Cid, ex ministro de finanzas y ex gerente
del IGSS.
Publicado por Marvin Najarro
CT., USA.
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