La condena por genocidio del ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt ha puesto el respecto por los
derechos humanos en Guatemala en una encrucijada, invalidar el dictamen como
una opción y la otra ampliar la investigación a los cómplices de Ríos Montt en
Guatemala y en los Estados Unidos. Hace unas horas la Corte de Constitucionalidad
tomó la primera opción, invalidar la sentencia. El
siguiente artículo es la primera parte de la entrevista que le hiciera Dennis
J. Bernstein al periodista Allan Nairm, publicada en fecha 20 de mayo por el website
de la revista Consortium News.
LA JUSTICIA GUATEMALTECA
EN
LA ENCRUCIJADA
Periodista Allan Nairn |
Por Dennis J. Bernstein
En una histórica decisión una corte guatemalteca declaró
culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad al ex hombre fuerte y
cercano aliado de los EEUU, Efraín Ríos Montt, sentenciando al general de 86 años
de edad a 80 años en prisión.
El periodista Allan Nairn, quien ha cubierto la historia del genocidio en Guatemala
desde la década de los 80, estuvo en la corte durante el reciente veredicto y
le comentó a Dennis J. Bersntein en esta entrevista que en este momento hay dos
batallas que están teniendo lugar. Aquellos que lucharon para que se condenara
a ríos Montt –muchas veces arriesgando sus propias vidas- están presionando
para que se amplié la investigación, para que se enfoque en otros asesinos en
masa apoyados por los EEUU en la década de los 80, incluyendo al actual
presidente, general Otto Pérez Molina.
Y por otra parte, está la poderosa oligarquía
militarista de la extrema derecha guatemalteca, con sus manos ensangrentadas de
las mismas matanzas de las que se culpa a Ríos Montt, que luchan porque su
condena sea anulada por una corte superior en Guatemala.
Además existe la cuestión de la complicidad de los Estados Unidos en las
atrocidades cometidas contra los derechos humanos en Guatemala durante la administración
Reagan y, más recientemente, la decisión de invitar a uno de los generales de más
alto rango de Ríos Montt para que estudiara en Harvard University’s Kennedy
School.
Primera Parte
DB: Allan, ¿nos puedes
hablar a cerca del veredicto y de la significancia de la decisión del tribunal?
AN: Lo que sucedió es que alguien finalmente,
e imparcialmente, hizo que la ley se cumpliera y se castigara a los perpetradores de los
asesinatos cometidos durante la guerra civil en Guatemala. En este caso los
asesinatos fueron las masacres llevadas a cabo en el altiplano noroccidental de
Guatemala contra la población Maya Ixil, y el perpetrador fue un general, un
dictador militar apoyado por los Estados Unidos. El general Efraín Ríos Montt.
Normalmente, en cualquier país del mundo, un perpetrador, un asesino que
ocupa una posición de esa naturaleza y cuenta con semejante apoyo, se sale con
la suya. Pero en este caso, no sucedió así. El general Efraín Ríos Montt fue
encontrado culpable y condenado a 80 años en prisión. En estos momentos él está
en prisión, aunque hospitalizado en una unidad militar por una supuesta enfermedad,
sin embargo, el permanece encerrado. En varios sentidos esto representa un
avance significativo. Es la primera vez que algún país logra enjuiciar a un ex
presidente por cargos de genocidio haciendo uso de sus propios tribunales de
justicia.
Más importante aún, este es un juicio desde abajo. No es un caso de
justicia de los victoriosos donde el que gana la guerra enjuicia al perdedor.
Este es un caso de los sobrevivientes cuyo movimiento fue aplastado, pero
fueron capaces de persistir haciendo uso de cualquier recurso legal existente
dentro del sistema para lleva a la justicia a uno de los asesinos, un asesino
que representa al orden social que todavía está en el poder. Los mismos
individuos y otros de la misma calaña que gobernaron Guatemala en 1982 y 1983
la gobiernan hoy en día. Son el ejército y los oligarcas; las cámaras de
comercio, industria y finanzas. Pero ha sido debido al coraje y lucha de los
sobrevivientes de las masacres, que se ha abierto suficiente espacio político
en Guatemala como para que personas honestas hallan llegado a ocupar posiciones
de importancia dentro del sistema judicial, haciendo posible que el juicio
procediera. Es además un avance significativo en la lucha contra el racismo y
por los derechos de los indígenas.
Cuando ríos Montt capturó el poder en un golpe de Estado inmediatamente tomó dos
medidas. El ejército estaba asesinando a civiles –lo habían estado haciendo por
muchos años. Pero ríos Montt cambio esa estrategia, inmediatamente ordenó
disminuir los asesinatos urbanos de líderes nacionales en la ciudad capital,
los cuales se habían vuelto políticamente contraproducentes.
En su lugar, el hizo que la masacres que estaban teniendo lugar en el campo
se volvieran sistemáticas. Envió al ejército en operaciones de barridas
sistemáticas por todas las aldeas del altiplano noroccidental en donde en ese
momento se concentraba la mayoría de la población de origen Maya. Ríos Montt y
su ejército los habían estigmatizado como intrínsecamente subversivos. Esa fue
la razón por la cual la fiscalía pudo articular el cargo de genocidio de manera
muy consistente.
Por su puesto que todo esto fue apoyado por los Estados Unidos. Los EEUU
todavía no han alcanzado un grado de civilización política que Guatemala,
especialmente la población Maya, quienes hicieron posible el juicio, ha
logrado. Nosotros todavía no hemos enjuiciado a oficiales del gobierno de EEUU
quienes han estado involucrados en otras similares matanzas de civiles
alrededor del mundo y quienes hoy en día todavía lo están, pero tendrá que
hacerse.
Los fiscales de EEUU deben inmediatamente convocar un gran jurado en
relación al genocidio guatemalteco. Ellos tienen que cumplir con su
responsabilidad en asistir a los fiscales guatemaltecos, divulgándoles los documentos
internos de EEUU relacionados con las masacres, todo lo que existe en la CIA,
el Departamento de Estado, el Pentágono y la Casa Blanca. Los fiscales de EEUU
tienen que movilizarse para procesar a todos los oficiales estadounidenses de
esas agencias, aquellos que todavía viven, quienes participaron como cómplices,
o algo peor, en estos crímenes. Según continúen las investigaciones de las
autoridades guatemaltecas, los fiscales de EEUU deben estar dispuestos a
extraditar a cualquier oficial de EEUU que sea requerido por la justicia
guatemalteca.
DB: Como tú dices, este fue
un alevoso ataque asesino sobre la gente indígena del altiplano. Entre los
testimonios más conmovedores estuvo el de Rigoberta Menchu, Premio Nobel de la
Paz. ¿Por qué fue importante su testimonio, y puedes recordarle al público
quien es ella?
AN: Rigoberta fue una activista galardonada con el
Premio Nobel de la Paz. El sistema criminal guatemalteco funciona de diferente
manera al de EEUU. En los estados Unidos, aunque un ciudadano de manera
individual puede presentar una demanda civil contra cualquiera, ellos no pueden
accionar criminalmente en contra de alguien para que sea enviado a prisión.
Únicamente el Estado lo puede hacer. Pero en Guatemala, se le permite a un
ciudadano individual accionar criminalmente en contra de otro si ellos pueden
convencer a los fiscales del Estado y a las cortes para que tomen cartas en el
asunto. Hace algunos años, Rigoberta Menchú, inicio procesos
legales contra varios generales y coroneles por su papel en las matanzas, uno
de ellos era Ríos Montt.
Sus casos fueron bloqueados en Guatemala, pero uno de ellos fue
eventualmente tomado en España por la Audiencia Nacional. Bajo la ley
internacional, los crímenes contra la humanidad, tales como genocidio, pueden
ser procesados en las cortes de otros países ya que son considerados una grave
amenaza para la humanidad misma. La corte española tomó el caso muy seriamente
y hasta la fecha está muy activa. Ellos han tratado de extraditar a varios
generales guatemaltecos a España, pero
no han tenido éxito. El trabajo realizado en ese caso ayudó a preparar el terreno
para el caso contra Ríos Montt que ha resultado en la sentencia en Guatemala.
El caso particular en contra de Ríos Montt estuvo basado en un escenario
muy estrecho –las masacres que tuvieron lugar en un periodo particular en la
región ixil del altiplano noroccidental, diferente de la región de donde
Rigoberta y su familia provienen. El juicio se desarrolló únicamente sobre la
base de los 1,771 asesinatos porque la fiscalía fue capaz de conseguir los
nombres de las 1,771 víctimas asesinadas por el ejército de Guatemala.
En muchos casos las osamentas de las víctimas fueron exhumadas y los expertos
forenses fueron capaces de ligar esas osamentas con los nombres de las víctimas.
Pero el caso está lejos de darse por concluido, pues la oligarquía, los
militares en servicio y retirados, pero especialmente la oligarquía, están
tratando que el caso sea anulado. La Corte de Constitucionalidad, que es la de
más alto rango en Guatemala, estaba supuesta a emitir un fallo que podría haber
resultado en la anulación del caso y la inmediata libertad de Ríos Montt.
El fallo fue pospuesto hasta el lunes. La Corte de Constitucionalidad no es
tomada seriamente como un cuerpo legal -es toda una herramienta política del ejército
y de la oligarquía. En estos momentos existe un gran forcejeo político dentro
de la clase política guatemalteca a cerca de si tomar el riesgo político de
anular el veredicto.
Se dio un paso enorme, fue un gran acontecimiento. Si ellos tratan de
anularlo o retrotraerlo, habrá una gran reacción negativa de parte del público
guatemalteco e internacionalmente. Pero los líderes de la oligarquía son muy
celosos de sus privilegios, entre los que se incluye su derecho a considerarse
ellos mismos como superiores y continuar tratando a la gente indígena como
menos que plenos ciudadanos y menos que humanos.
En muchas de las comunidades indígenas en donde tuvieron lugar las masacres
de la década los ‘80’, la gente todavía sobrevive con unos cuantos dólares al día.
Las tasas de malnutrición y mortalidad infantil son extremadamente altas. La
gente no puede obtener los ingresos suficientes de las micro parcelas de maíz que
ellos trabajan, por lo que tienen que migrar a la costa para trabajar en las plantaciones
durante la temporada de cosechas para tratar de alimentar a sus familias.
Más importante aún, la oligarquía quiere seguir conservando la prerrogativa
de asesinar gente cuando ellos sienten que es necesario, aun y cuando hoy en día
en Guatemala el ejército no comete las masacres rurales a las que ha estado acostumbrado.
Ellos no asesinan a los activistas nacionales, como solían hacerlo. Pero fuera
de la ciudad el asesinato de activistas locales continua –en particular la
muerte reciente de activistas que han estado luchando contra los proyectos de minería
de compañías canadienses y de los EEUU, traídas al país por el actual
presidente, general Pérez Molina.
Las comunidades locales están resistiendo con vehemencia porque temen la contaminación
y otros danos que la minería pueda ocasionar. Los ricos quieren tener el
derecho de matar a la gente que protestan en su contra, y ellos temen –y tienen
una base racional para sentir temor- que si se permite que el precedente del juicio
contra Ríos Montt permanezca inalterable, podría limitar su estilo de vida, podría
serles más difícil en el futuro asesinar a los trabajadores que tratan de
organizarse en sus plantaciones, en sus fábricas o en sus minas, por lo tanto y
en vista de lo mucho que hay en juego aquí no hay todavía certeza de que se
permita la permanencia del veredicto.
Traducido del inglés por Marvin Najarro
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