INTRODUCCIÓN
La medida de la definitiva orientación política
de este gobierno la dará con su actitud hacia el eterno problema del
campesinado guatemalteco. El despojo de la tierra a los pueblos indígenas no ha
parado desde hace 500 años pues primeros lo hicieron los españoles, luego sus
herederos, los criollos; más tarde las transnacionales extranjeras
norteamericanas y europeas y hoy, con lo poco que les queda, la gran alianza
luciferina de narcotraficantes y politiqueros (como los Widmann emparentados
con el expresidente Berger) empeñados en la producción extensiva de palma
africana para la producción de biocombustibles en el valle del Polochic, que
con los precios altos del petróleo, son el mejor negocio para estos oligarcas
expoliadores de las tierras ancestrales. Si el actual gobierno concertara los
acuerdos con Petrocaribe para que Guatemala adquiera petróleo a precios
favorables, es probable que disminuya un poco la presión sobre el problema
agrario, aunque claro, sería un paliativo, no una solución a la crisis, pues el
único camino es el otorgamiento de tierra
a los que la trabajan personalmente o la búsqueda de una solución
final, que es la propuesta de
muchos oligarcas guatemaltecos. Luciano
Castro Barillas.
Por Miguel Ángel Albizures, ex dirigente de la Central Nacional de
Trabajadores de Guatemala y actualmente promotor de derechos humanos.
Desde el día de ayer (19 de marzo de 2012),
miles de campesinos emprendieron su larga marcha desde Cobán, Alta Verapaz, por
la carretera “Jacobo Arbenz Guzmán”, y el martes harán su ingreso a la ciudad
capital, el centro del poder político para exigir que sean atendidas sus
demandas históricas. Han dejado atrás su familia, su rancho o media casa y
algunos de ellos las champas a la orilla de la carretera a donde fueron
expulsados violentamente. La verdad, no tienen nada que perder, más que las
cadenas del hambre, la desnutrición, la histórica exclusión, el abandono, pues
hasta la vida de ellos y sus hijos la van perdiendo lentamente.
No faltarán las acusaciones de
desestabilizadores o terroristas o las declaraciones de funcionarios que a todo
pulmón gritan que no permitirán más el bloqueo de carreteras, pero la verdad es
que las peticiones del campesinado jamás han sido atendidas y seguirán
generando conflictos agrarios, hasta tanto no se pase de las promesas a las
transformaciones en el sistema de tenencia de tierra, y para ello no hay más
que entrarle con ganas a la creación de la
Ley Agraria , de los tribunales agrarios y
de la fiscalía específica que atiendan los conflictos que se presentan, no con
el ánimo de reprimir, sino de resolver la problemática, pues la falta de
certeza jurídica sobre las tierras comunales y el uso de la violencia contra
los campesinos y a favor de los grandes terratenientes, hacen imposible la
convivencia pacífica.
En el Congreso de la República sigue
engavetada la Ley
de Desarrollo Agrario Integral, planteamiento que desde hace doce años vienen
haciendo las organizaciones campesinas pero que no han encontrado respuesta
positiva y que hoy exigen que este gobierno les ponga atención en vez de
continuar con la criminalización de sus luchas, los desalojos violentos, el
encarcelamiento de sus dirigentes y las órdenes de captura que pesan sobre
varios de ellos, y tienen como objetivo neutralizar su lucha por el derecho de
la tierra, pero fundamentalmente por el derecho a una vida digna en el agro.
Ya sabemos, como bien lo dicen en una de las
mantas que traen que: “Cuando los de
abajo caminan, los de arriba tiemblan”, pero lo más importante sería que
escuchen sus demandas y busquen soluciones de corto, mediano y largo plazo que
nos permita construir un país justo y democrático en donde la exclusión deje de
ser la norma.
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